Fernando Sánchez Costa y Juan Milian, ambos diputados del PP se les ha ido un poco de las manos el twitter hoy.

Ambos afirman que las entidades que asisten a la cumbre sobre el Dret a Decidir están compradas. El diputado Milian, se escuda en que cita un artículo de “La Razón”, Sánchez Costa directamente tilda de comprados a todas las entidades.

Como Milian es el que utiliza, al  menos, algún razonamiento lógico simplemente le quiero recordar que las cifras que cita el medio son falsas (habla de subvenciones de 10,4M€ en un año), ya que las subvenciones son públicas, se vienen recibiendo desde hace años, y vienen dictaminadas por unos presupuestos (que al ser más limitados en el 2012, son menores en ese año) y que al cierre de estas los receptores las hacen públicas. Pero si se hubiera molestado en leer el artículo que cita se daría cuenta de dos cosas: que como diputado tiene que conocer esos datos (están en el cierre de presupuestos de la Generalitat) y los podría cotejar, y dos, que la cifra que pone el medio en el titular (10,4M€) no corresponde a las cifras totales que se explican en el artículo (2,07 M€), cinco veces inferior.

Otra cuestión es que las entidades que ellos llaman “vendidas” forman parte también de la plataforma “Prou Retallades” que le organiza manifestaciones al gobierno de CiU y se oponen a la política de recortes de la Generalitat. Algo incompatible con estar “vendidos”.

Veo que no puedo esperar que un diputado sepa aritmética básica o que antes de hacer una afirmación sobre algo que como diputado ha pasado por sus manos (los presupuestos prorrogados de la Generalitat) recientemente lo revise.

Lo que sí puedo esperar tanto de Milian como de Sánchez Costa es que sepan en que medio y entorno hablan.

Recordemos una cosa, aunque no lo parezca, twitter no es una conversación privada, sino un entorno público, puede que informal, pero público. Estoy convencido que estos dos diputados no se les ocurriría llamar vendidos a la federación de padres de alumnos o a los sindicatos o a la federación de gays, o a las patronales de la pequeña y mediana empresa catalanas en un míting delante de las cámaras, o publicarlo en papeles públicos.

Simplemente no entienden el medio y creen que sus opiniones personales publicadas en twitter son privadas, y quedan en el marco de los que puedan seguirles.

No. Las conversaciones en twitter son públicas (y más aún si no proteges tus twitts), están al alcance de todos y un diputado no puede llamar vendidas a una serie de entidades simplemente porqué tienen opiniones políticas distintas a las de su formación política. Un claro twitt-error, en este caso.