Ayer hablaba sobre como la reducción del IVA para compraventa de vivienda es ahora una mala idea. Hoy me toca tratar la segunda de las grandes reformas fiscales que quiere hacer Zapatero, esta vez a través de una reforma constitucional y de la mano de Rajoy para poder sacarla adelante.

 

Previas sobre la bondad de una racionalidad en el gasto público y mantenimiento de superávits

Vayamos a un par de temas previos. Que en momentos de estabilidad económica y de crecimiento las administraciones públicas tengan tendencia a acumular superávit es algo positivo en varios aspectos:

a) Acumulan capital (o reducen endeudamiento) para afrontar momentos de caída de ingresos para mantener servicios.

b) Actúan anticíclicamente y por tanto no ayudan a sobrecalentar la economía.

Kantor, nada sospechoso de ser rojo-izquierdoso lo explica aquí. Desde un planteamiento más de sentido común Dani también habla de la bondad de no acumular deuda en momentos de crecimiento económico.

Por otro lado un país nada sospechoso de ser un antro neoliberal, como es Suecia, tiene una legislación que regula el gasto público y limita el nivel de endeudamiento en época de bonanza.

Bien, es algo que YO, un keynesianista recalcitrante y que en algunos casos puede ser tachado de rojo transnochado acepto y creo positivo. De hecho en este período hay administraciones que por haber hecho su trabajo decentemente durante años han podido afrontar la crisis con mayor solvencia que otras.

El ejemplo del ayuntamiento de Barcelona que desde el 93 en adelante no ha hecho más que reducir su deuda manteniendo un superávit durante los años de bonanza y que ha permitido actuar contracíclicamente de forma tan clara invirtiendo más que nunca en estos años de crisis (sin aún así, elevar demasiado la deuda de la ciudad) ayudando a que la actividad económica descienda un mínimo de 10 puntos menos que en Catalunya, es el ejemplo de keynesianismo práctico.

Discrepo que este principio rector vaya en contra de tener un estado del bienestar fuerte, Suecia funciona con él y tiene uno de los estados del bienestar más fuertes de la UE (de hecho es el ejemplo que utiliza Navarro et. al. siempre), permite jugar con los tipos impositivos y cada gobierno de un color u otro se responsabilizará de las decisiones que toma. Si el gobierno de derechas dice que hay que pagar menos impuestos no podrá financiarlo endeudándose como han hecho los juerguistas de Camps y Gallardón, y tendrán que decir que recortarán diversas partidas. Si el gobierno es de izquierdas y pretende ampliar alguna cobertura de un servicio del estado del bienestar tendrá que hacerlo a costa de subir impuestos y poder financiarlo.

Madrid sería el ejemplo totalmente contrario, políticas expansivas (además de mayor endeudamiento) en época de bonanza y políticas contractivas en época de vacas flacas.

Así que la idea en general de un principio rector que haga que las administraciones públicas mantengan una superávit del 1% siempre que el crecimiento del PIB sea del 2% (o se mantenga el aumento del empleo) me parece MUY POSITIVO. De hecho es algo que también, a rasgos generales, ha hecho el estado español desde mitad de la década pasada.

 

Un principo rector que no siempre es positivo

A todo esto, siempre hay excepciones que no son excasas. Vayamos a ejemplos claros. Barcelona vivió su mayor transformación cualitativa (no cuantitativa) con la reforma de las olimpiadas.  Y Barcelona se endeudó en años de crecimiento y en años de recesión (recordemos el parón económico de inicios de los 90). Bajo el principio rector Barcelona no debería haberse endeudado a finales de los 80. Ahora bien, Barcelona tenía que endeudarse porqué era el momento en que logró canalizar inversiones de varias administraciones y del sector privado y si la ciudad no hubiera cogido deuda esas inversiones no hubieran podido hacerse y el crecimiento futuro económico de la ciudad no se hubiera creado.

No hace falta ser un keynesianista recalcitrante como yo, para reconocer que las rondas, la recuperación de varios barrios o las inversiones en infrastructuras deportivas y turísticas ha reforzado el crecimiento económico durante 20 años de la ciudad y que ese crecimiento compensa varias veces la inversión realizada.

Por otro lado, aplicar este principio rector a una administración de dimensión pequeña puede ser dramático. Un ayuntamiento de 5.000 habitantes tiene unos ingresos tan pequeños que solo arreglar una plaza le hará disparar el déficit ese año un montón de puntos (por mucho que lo compense con aumentos de impuestos), y no hacer una obra determinada otro año hace que el superávit se dispare también otro montón de puntos. Si aplicamos el principo rector a administraciones minúsculas estas nuncan podrán hacer una sola inversión o el cierre de actividad de un bar le va a tirar al traste el equilibrio presupuestario y les obligaría a entrar en default (bancarrota para los amigos) y no pagar el salario del guardia urbano del pueblo por el mero hecho de no poder adquirir una deuda que en porcentaje pueda ser mucho pero en cantidad real sea minúscula.

Es verdad, los ayuntamientos pequeños son anomalías que deberían erradicarse y la administración local debería poder mancomunarse mejor o incluso fusionar pequeños ayuntamientos para evitar parcialmente estos problemas. Pero aún así, ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes van a encontrar que ese principio rector les da un margen de maniobra minúsculo.

 

Lo que es bueno en época de estabilidad económica es una aberración en época de crisis

Como decía antes, el principio rector de mantener superávit en crecimiento, no puede aplicarse en períodos de carestía. Es una aberración económica.

No hace falta ser un economista marxista, como un hiperidiologizado neokeynesianista o un premio Nobel en economía política, para entenderlo.

Los estados soberanos adquieren obligaciones con los ciudadanos en base a una serie de servicios públicos concretos: sanidad, educación, seguridad, mantenimiento de las infraestructuras. No se conoce ningún estado moderno sin estas obligaciones. En el caso de una recesión económica los estados pierden ingresos aún cuando hayan practicado una austeridad económica razonable en tiempo de bonanza. Asumir que toda esta caída de la actividad puede ser absorvida solo por la reducción en inversión del sector público es una locura del tamaño de un trolebús, tal y como decían algunos dirigentes de CiU. Es asumir que la inversión pública con la que se puede jugar y reducir pueda representar, en el caso de esta crisis, el 40 o el 50% de todo el presupuesto público, algo que es de lo más irracional.

Por tanto o asumimos que en época de crisis las administraciones o asumen un margen de déficit o entrarán en problemas mucho más graves. Hasta el punto que es considerado entre los entornos financieros como un suicidio económico.

Por tanto TODOS los modelos de legislación y limitación legislativa del déficit de las administraciones contemplan estas circunstancias y levantan el límite para situaciones de crisis.

De hecho es así, que existiendo el acuerdo de Maastrich para limitar el défit de los estados soberanos de la UE, que tiene un rango de obligatoriedad de cumplimiento, la mayoría de estados de la UE se lo han tenido que saltar a la torera (Alemania incluido) para poder afrontar sus obligaciones.

A parte, como indican las numerosas fuentes que estoy citando, aplicar el mismo principio rector en época de recesión o crisis, lo que haría es que el sector público fuera totalmente procíclico: en época de expansión económica puede gastar más y en época de recesión ha de recortar de forma masiva el gasto.

Esto, que puede parecer de sentido común no deja de ser un despropósito para la economía. Prefiero ilustrarlo con un ejemplo que el mismo Kantor, que ya digo, sospechoso de keynesianista rojo transnochado no es, utiliza:

 

Volvamos otra vez a un ejemplo sencillo: en 2006 (año de champan y cocaína donde los haya habido), el sector privado construía en Madrid decenas de miles de viviendas y el Ayuntamiento decenas de kilómetros de túneles. Un Estado keynesiano en 2006 hubiese reducido al mínimo la obra pública y en 2009 hubiese licitado las obras de la M-30. Al hacerlo los trabajadores y equipo capital vacantes del boom privado de la construcción hubiesen podido ser parcialmente rescatados por el Estado. Pero si el Estado utiliza las grúas y obreros hasta el límite de su renta en 2006, ¿cómo puede absorber en 2008 a los trabajadores de la burbuja privada? En términos estrictamente reales debemos entender que si el Estado tiene pautas de consumo cíclicas (no solo en términos agregados, sino también en términos sectoriales) no va a poder responder al ciclo más que precisamente como lo está haciendo: empeorándolo con su propia ciclicidad.

 

Siguiendo con las citas, en “Esta vez es distinto: Ocho siglos de necedad financiera“, Rogof y Reinhart, mantienen que para poder afrontar una salud financiera de los estados soberanos hay que:

 

…los encargados de la política económica deben estar preparados para mantener niveles bajos de deuda por periodos prolongados, al tiempo que emprenden un mayor número de reformas estructurales básicas que garanticen la capacidad de los países para digerir endeudamientos más altos sin expermientar intolerancia.

O sea, que el principo rector del que hablaba es bueno aplicarlo siempre que sea posible, pero los estados han de estar perparados para poder asumir niveles de endeudamientos y déficits temporales bastante más altos.

Si la reforma que plantea Zapatero no contempla estas cuestiones y las que trato en el apartado anterior estaremos jodiéndonos la capacidad de reacción ante cualquier recesión y haciendo del estado más parte del problema que de la solución.

 

La poco idoniedad de la reforma por la Constitución y la cutrereforma que viene

Aún no conocemos el detalle de la reforma, pero al parecer, tiene toda la pinta que es la versión cutre de lo que podría ser. Y no solo eso, tenemos el serio problema de que el PP, la otra parte del pastel negociador del PSOE, viene con la versión más suicida de todas de esta reforma.

Además, para la idiosincracia de la política económica española, establecerlo vía una modificación de la Carta Magna, va a generar bastantes problemas. Primero porqué la santificación que tenemos hecha de la Constitución a nivel legislativo, político y en nuestra cultura jurídica, va a hacer que si se hace una reforma cutre y negativa, nos la comamos con patatas durante décadas.

Socialmente la Constitución la consideramos de hecho algo bastante intocable y la sensación de pánfilos que tendremos los ciudadanos de que aquí por los intereses “de los gnomos de Zúrich” o en este caso de la cabezonería de Merkel que por no hacer eurobonos está haciendo que todo el mundo en la zona euro haga artificios de este tipo sí que se toca va a ser de espanto. Habrá quien niegue que eso es importante, pero para los que consideramos que la democracia parlamentaria es el menos malo de los sistemas, esto es algo negativo. Que hagamos que la Carta Magna, tenga el mismo nivel de credibilidad que el que tiene la actual política, es algo muy pero que muy grave. Todo politólogo (yo no lo soy, por tanto cito a uno de ellos) sabe que sin confianza en las instituciones la democracia corre alto riesgo. Creo que sociológicamente deberíamos entender que se van a generar tensiones sociales graves por introducir una reforma de la Constitución vía decreto por este tema y no por, por ejemplo, garantizar el gasto social y la cohesión social.

En serio, tenemos un 20% de desempleo, los efectos en la crisis se van a seguir propagando durante el tiempo, hay pequeños elementos que nos hacen pensar que hay tensión social. ¿Queremos asumir esa pérdida de confianza ya no en los políticos actuales sino también en las instituciones como la Constitución en un momento de gran tensión social? El riesgo social que ello conlleva para mí no es moco de pavo, mi pequeña nariz de sociólogo me hace sospechar que esto puede ser la semilla de problemas futuros.

Ya no es por seguir tirando de economistas keynesianistas o no, o de opiniones fundamentadas, es que ni en el mismo PSOE tienen las ideas tan claras de que esto sea bueno.

Se puede llegar a una medida legislativa al estilo del “Pacto de Toledo” que no requiera modificar la Constitución, que además reglamente al estilo sueco (con todo lujo de detalles) las formas que hay para controlar el gasto público, mantener el superávit, establecer los mecanismos para situaciones de recesión, como activarlos y que tipo de sanciones y penalizaciones se aplicarían a las administraciones de menor rango (locales y autonómicas) que no apliquen este límite. Y además al buscar mayorías cualificadas fuerce al PP a no plantear propuestas suicidas y absurdas.

Sí, cuesta más, requiere mayor esfuerzo parlamentario, requiere más acuerdos, y no, no lo puede hacer un gobierno que está agotando legislatura. Pero siempre será mejor que esta cafrada.

En serio, no sé quien está al mando en La Moncloa, si Zapatero, Merkel, los Gnomos de Zúrich, pero quien ahora está parece que está dilapidando la poca racionalidad que les quedaba.