Hay varias causas penales que se arrastran desde las dos huelgas generales que se han realizado durante el gobierno del PP. Durante las huelgas hay personas que pueden cometer un exceso de celo en su labor de piquete y limitar el derecho a huelga (en este caso en la forma de no ejercerla) a terceros. Entiendo que este tipo de acciones tengan actuaciones judiciales.

También hubo el llamado piquete empresarial, con miles de empresas y empresarios denunciados por violar el derecho a huelga (en este caso de quienes querían hacerla) de sus trabajadores. Las prácticas han variado desde las amenazas, despidos, coacciones, el impedir a los delegados sindicales el ejercicio de sus funciones, pasando por la contratación de trabajadores para sustituir a los huelguistas y por parte de la administración el abuso de la figura de servicios mínimos.

Puede que impedir físicamente el entrar a alguien en su puesto de trabajo sea aparentemente violento, pero igual que lo es que te despidan por ejercer tu derecho a huelga, que te amenacen o que te dejen claro que si haces huelga no te renovarán. Denuncias y condenas a empresarios por el piquete empresarial han habido. Entiendo que ambas tipos de acciones puedan tener consecuencias legales. Entiendo que la justicia vele por el derecho a huelga en ambos sentidos.

El problema es la asimetría de las condenas que está pidiendo el ministerio fiscal. Mientras que el piquete empresarial se salda con multas, el piquete sindical le están intentando cargar penas de prisión.

El ministerio fiscal está siguiendo las órdenes del gobierno, y hasta ahora no había habido, ni siquiera en la huelga general contra Jose María Aznar, una petición de condenas tan asimétrica.

Forma parte de una estrategia de criminalización de la protesta y de cualquier tipo de desobediencia civil, no la búsqueda de defender derechos fundamentales. El problema para el gobierno es que el derecho a huelga y el ejercicio de la labor de piquete está reconocida en la Constitución Española y las legislaciones europeas y el amparo a tribunales europeos van a tumbar esas peticiones de condena. Pero eso no esconde la intención del gobierno del PP, intentar criminalizar la protesta, asustar a los movimientos sociales y sindicales e intentar mantener la protesta social callada y silenciosa.

Otra vuelta de tuerca más de los defensores de un statu quo caduco. Si te animas, firma el manifiesto contra la criminalización del ejercicio de la huelga.