Ayer el Congreso impidió la realización de una consulta sin valor legal y acordada con el gobierno en Catalunya sobre si queremos o no queremos ser un estado propio o no.
Repito, una consulta, sin valor legal, acordada con el gobierno de España. No un referéndum legal de independencia al estilo escocés o quebequés. Una simple y llana consulta popular.
El motivo para impedirla no es la legalidad vigente, esta recae en el Congreso y la Constitución es compatible con consultas sin valor legal de este tipo. Tampoco el motivo es como algunos insinúan, la forma o el texto de la consulta, el Congreso y el Gobierno tienen la potestad de cambiarlo.
El único motivo es que no se quieren arriesgar a la foto política de que una mayoría de catalanes queremos la independencia. Yo no sé el resultado de la consulta, ni creo que nadie pueda asegurarlo, pero el mero riesgo de que gane el Sí, aún sin valor legal, no se quiere afrontar políticamente.
Esa negativa no responde a más que la voluntad política de los partidos principales del Congreso de los Diputados de que los catalanes no podamos ni tan siquiera ser consultados para conocer la opinión sobre que modelo de estado preferiríamos.
No niego que esos partidos recogen la voluntad política de los españoles. Simplemente niego que la soberanía española recogida por el congreso de los diputados y que expresada a través de sus principales partidos niega el derecho a los catalanes a poder ser consultados sobre su futuro en una consulta sin valor legal.
Y ese hecho me hace reconocer como ilegítima la cámara del Congreso de los Diputados. El único motivo que no se realice una consulta en Catalunya es única y exclusivamente las razones del más fuerte. La soberanía de una colectividad mayor impide el ejercicio de una consulta sin valor legal sobre una colectividad menor. Entiendo que la independencia de Catalunya podría llevar a generar problemas a terceros (al resto de los españoles), pero es insostenible que una consulta sin valor legal lo provoque.
No se me ocurre ningún motivo legítimo por el que el Congreso pueda impedir la consulta, una consulta acordada con el gobierno de España y sin valor legal. No lo hay. No hay terceros perjudicados, no hay cambios legales, no hay efectos reales directos. No lo hay.
A partir de hoy considero que el Congreso es un órgano que ha perdido para mí su legitimidad mientras siga manteniendo esa negativa. Ha actuado realmente en fraude de ley, en su mandato de defensa de los intereses generales de los españoles, para imponer un prejuicio inaceptable para una parte minoritaria de esos ciudadanos a los que dice representar. A partir de ahora acataré las normas, leyes, etc.. que emanen de este órgano y del gobierno que elija alrededor de la “cuestión catalana” por el único motivo de que tienen la fuerza legal e institucional para obligarme a acatarlas, no porqué consideren que sean una fuente legítima de derecho. Y esta declaración, lo siento, no es ni anticonstitucional, ni antidemocrática, ni contraria al estado de derecho. Mi actitud hacia las instituciones, le guste o no a los constitucionalistas o a los tribunales, forma parte del marco privado y de libertad individual.
Felicidades, han conseguido convertirme en un antisistema. Uno más.
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Estamos todos en la trampa dónde algunos nos han metido, pese a las advertencias. Y luego nos quejamos.
Dejando al margen que no veo por qué el Congreso tiene una especie de obligación moral (porque jurídica no) de aceptar una consulta propuesta por una parte del territorio (igual que el Parlament de Catalunya tampoco la tiene para aceptarla de parte del suyo), y haciendo abstracción que cuando los parlamentarios fueron votados tampoco ese punto estaba en ningún programa, no deberías olvidar que la mayoría de los legítimos representantes de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña en el Congreso también se opusieron a la petición. Eso es el funcionamiento de la democracia, pero supongo que, por alguna razón metajurídica, pensarás que ellos tampoco podían hacer lo que hicieron.
Aparte de eso, me parece que no estaría de más echarle un ojo al diccionario y repasar conceptos como acordado, consultivo, vinculante y algún otro, porque me temo que los tienes oxidados. Si para ti plantear que has decidido hacer una consulta, en una fecha X, y con unas preguntas X, y pedir que te la dejen hacer es “acordado”, tenemos un problema (no me extenderé, parece que a nadie le importa, cómo se cuentan los votos, supongo que así cada uno podría hacer de su capa un sayo y seguir mareando la perdiz). No se pide el acuerdo, se pide la adhesión, y lo demás es literatura.
El tema consultivo también tiene su enjundia. Aparte de que en todas las manifestaciones y otros happenings pro consulta nunca se ha dicho que no tuviera carácter obligatorio, y no conozco a nadie de los que están a favor que quisiera limitarse a una mera consulta (solo lo decía Duran y no recibía más que insultos), decir ahora que se hará un referédum consultivo o no vinculante, y que si sale que sí luego habrá que hacer X o Y (como están diciendo algunos de nuestros representantes y su coro mediático), es una contradicción en sus propios términos. Si es consultivo, no habrá que hacer nada, cada cual hará lo que le parezca, pero sin una relación automática de causa-efecto, porque si no, estaríamos ante lo que el común de los mortales entiende como vinculante u obligatorio, no como consultivo. Enreda que algo queda.
En fin, que me temo que seguimos con las trampas al solitario hasta que nos encontremos con la cruda realidad. Yo más que nada escribo para que luego nadie se haga el despistado.
Manuel:
El texto de la solicitud del Parlament es el que es y se adscribe a la ley que se adscribe. El Congreso y el gobierno tenían la capacidad de aceptarlo y modificar la fecha de realización y el texto de la consulta. Lo que es absurdo encima es que el Parlament fuera con “queremos hacer una consulta” sin ninguna propuesta de texto y sin propuesta de fecha.
Anyway, no tengo oxidado “consultivo”, la propuesta legal es pura y dura, consultiva, la lectura será política, pero legalmente no tiene ninguna relevancia. Y es ahí donde radica la cuestión.
Cierto que el Congreso no tiene ninguna obligación de aprobar lo que le venga de un Parlament. Cierto es que negarse a ello sin una razón que pueda ser percibida como legítima me lleva a considerar que su decisión es… ilegítima.
Igualmente me resulta sorprendente que en lugar de darme argumentos para que pueda percibir el porqué la negativa del congreso pueda tener alguna base legítima basada en la defensa del interés general o de daños a terceros, para tomar esa decisión, que es percibida por una minoría de la sociedad española como un perjuicio grave.