La semana pasada hablé de la necesidad de una ley de expropiacones, este debate se enmarca dentro del conflicto de la propiedad privada y el interés general. Este, a su vez, está enmarcado dentro de un amplio debate clásico entre “libertad” y “igualdad”. Es un aspecto que en las sociedades modernas se muestra claramente como un “aspecto frontera”.
El mundo municipal es un ámbito de la gestión política en el que se encuentran fácilmente las contradicciones de la sociedad: desde la convivencia en la que entra en conflicto la libertad de hacer lo que cada uno quiera por la calle o en su casa, incluyendo fiestas ruidosas, y el derecho al descanso y la tranquilidad, pasando por los diversos usos, a veces incompatibles que intentamos darle a la vía pública. Llegando hasta el punto que a veces parece un juego de suma 0 (o haces sitio para que los coches aparquen, o aceras más grandes, o un carril bus, pero la calle no dá para más).
Uno de los aspectos que muchas veces emergen es el de la propiedad privada en conflicto con el interés general. Cuando los liberales de manual plantean que el derecho a la propiedad privada es inalienable, o los socialistas más utópicos la obvian sin más, incluso considerándola un mal menor del sistema capitalista, y que esta suele ser incompatible con el interés general, en base a ciertos dogmas ideológicos (de unos y de otros), se plantea como un conflicto sostenido en el aire ideológico: “enfrente del interés general la propiedad privada debe quedar como un derecho secundario” o “la propiedad privada es un derecho inalienable y ningún poder nos la puede arrebatar”.
La praxis política municipal confronta este conflicto de una forma más cotidiana y menos dogmática. Por poner un ejemplo, el sólo hecho de retirar un vehículo abandonado de la vía pública ya es un conflicto de este tipo. Mientras no se diga lo contrario el propietario del vehículo sigue siéndolo y la administración no puede retirar el vehículo de buenas a primeras violentando su propiedad privada; por otro lado el uso privativo, constante y con una optimización muy mala de la vía pública para “almacenar un vehículo que no tiene ningún uso” es negativo al interés general. El debate ideológico purista lleva a: “que quiten el vehículo inmediatamente” o “el vehículo es propiedad privada y no puede ser tocado”.
La praxis, vuelvo a insistir, es algo más factible. El propietario tiene unos derechos, pero por otro lado la administración hará prevalecer el interés general. La guardia urbana inicia un expediente colocando una pegatina de aviso al propietario, pasado un tiempo vuelve a colocar una segunda pegatina de aviso y si al final ese vehículo no se mueve o se retira, la guardia urbana cierra el expediente retirando el vehículo de la vía pública. Por un lado el vecino que hace un uso diario de la vía pública reclama la inmediatez de la actuación, parecería que “lo razonable” para el que vive por la zona es que un vehículo claramente abandonado tiene que ser retirado… sin muchos miramientos. Pero la ley tiene el doble papel de defender el interés general pero guardar los derechos a la propiedad privada en un extraño equilibrio. Si la administración no tomara esas cautelas estaríamos acercándonos a usos de régimenes menos garantistas en los derechos de los individuos y que fomentan “el sacrificio permanente del individuo en bien de la comunidad”.
Este problea se ve evidente en aspectos como algunas microactuaciones urbanísticas. Hay elementos de movilidad como la abertura de pequeñas vías, la construcción de rampas, la adecuación de pequeños espacios que tienen una clara y evidente componente de interés general. Si la rampa se construye, si se abre esa pequeña vía, si se arregla ese pequeño espacio todos en general saldremos ganando. El problema aparece cuando en una actuación uno de los espacios en parte o en su totalidad son privados. El derecho a la propiedad privada prevalece a menos que la administración pueda exponer claramente una actuación de mayor calado de claro interés general, pautado por una ley de expropiaciones. O la administración llega a un acuerdo con los propietarios o inicia un lento proceso de expropiación que normalmente es muy difícil de impulsar para una microactuación urbanística. Hasta el punto que esa pequeña actuación no se puede hacer definitivamente, o tiene unos costes de tiempo para poder impulsarla que hacen que los vecinos que se podrían beneficiar de esa actuación reclamen plazos más cortos, un nivel más bajo de garantías, etc…
Pero es que queramos o no, nuestra sociedad está basada también en el respeto a los derechos individuales, incluída la propiedad privada. Hasta el punto que cuando el conflicto entre interés general y propiedad privada se muestra con otra cara en general los ciudadanos pedimos que las garantías de la propiedad privada se incrementen. Cuando ocurre una afectación urbanística de cierto calado que afectan a viviendas que han de ser expropiadas, al revés que en los anteriores casos pedimos que la ley sea lo más garantista posible y que defienda la propiedad privada lo máximo. No sólo por los afectados, sinó que en general se produce una cierta simpatía o solidaridad por parte del resto de vecinos.
En definitiva, aunque las leyes que rigen y arbitran en el conflicto entre propiedad privada e interés general conlleven situaciones que por sentido común puedan parecer absurdas (como la necesidad de un protocolo largo en el tiempo para poder retirar un vehículo privado abandonado), son necesarias esas cautelas porqué nuestra sociedad, incluído los que reclaman que los vehículos se retiren en menos tiempo, valoran la propiedad privada como un bien importante, un derecho a proteger.
En la modernidad líquida que nos ha tocado vivir nos encontramos defendiendo lo propio y lo contrario en el conflicto entre propiedad privada e interés general. El mismo vecino que reclama una microactuación urbanística para arreglar un acceso a la calle y que esta se demore menos, rechaza de plano cualquier expropiación que le tengan que hacer para poder hacer un parque o construir una guardería. Ante eso la “teoría clásica” de la política de izquierdas es promover la formación y la pedagogía política, espera que explicando las razones y los motivos de una actuación se fomente la comprensión y la complicidad de los ciudadanos hacia el interés general y a su vez se comparta la necesidad de ciertas garantías para la propiedad privada y la defensa de los derechos individuales.
Yo creo que este modelo está arrojado al fracaso. La política de la pedagogía parte de una premisa que en la modernidad líquida es difícil que cuaje: el político es el pedagogo y el ciudadano el sujeto de esa acción pedagógica. Es una visión de “autoridad”, “verdad sólida” que es difícil que los ciudadanos estén dispuestos a tragar. La modernidad líquida, individualista, de un menor compromiso a largo plazo pero con una mayor capacidad para comprometerse por causas efímeras y puntuales, conlleva ciudadanos no dispuestos a reconocer ese papel de “autoridad” y “verdad sólida”. Si determinado proyecto político no se puede construir en forma de relato, este no podrá ser explicado y compartido. Utilizamos formas de política que son más de una modernidad sólida, la “Política es pedagogía” de Campalans no es que haya pasado a la historia, pero sí que se muestran insuficientes para poder convencer y hacer partícipes de los proyectos políticos a los ciudadanos, en la modernidad líquida la política es relato; luego ya podrá ser pedagogía, pero primero es relato. Pero eso es otro debate…
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Lo más urgente para favorecer la justicia social, la igualdad y la lucha contra la pobreza es proteger la propiedad privada de los pobres.
Históricamente ha sido así, fíjate en la lucha entre ganaderos y agricultores que aparece incluso en la Biblia. Los ganaderos ricos eran contrarios a la propiedad privada de las tierras. Preferían aprovecharse de los pastos comunales. La chusma necesitaba cultivar la tierra y cercarla. De la propiedad común se aprovechan los ricos.
O fíjate en los problemas en el Amazonas. Nadie reconoce los derechos de propiedad de los indígenas sobre las tierras, o sobre los conocimientos sobre “nuevas” drogas con aplicaciones farmacéuticas.
El corralito argentino o la inflación es otro ejemplo de cómo las clases humildes son esquilmadas por el poder político, y de cómo la inseguridad jurídica les condena al hambre.
¿Por qué existen las chabolas? Una de las razones es que nadie reconoce la propiedad a sus habitantes. Si se van unos meses se las roban. Si invierten en mejorarla, puede venir el Estado y arrasarla. Por supuesto, no pueden acudir al banco para hipotecarlas.
La expropiación afecta sobre todo a quienes no tienen poder político. En España muchos pobres han perdido sus casas en el centro de las ciudades. Los ayuntamientos les expropian con la excusa de que son infraviviendas (aunque el solar sea muy valioso), para luego recalificar en favor de una empresa mixta, participada por gansters.
Como todo en esta vida ese conflicto entre propiedad privada y el interés general, en un sentido amplio es más una discusión filosófica que práctica. Me explico si l o miramos desde un prisma ampliio, incluso podemos ver que la defensa de la propiedad privada es un interés general. Que caos no poder definir los derechos privados e incluso las obligaciones privadas que de forma inseparable tiene la propiedad. Es indiscutible, desde mi punto de vista claro está, que se ha de proteger la prpiedad privada en un sentido generalista, pero en los casos particulares la solucion pasa por desgrnar esa propiedad, que es un derecho real, pero no el unico. Si conseguimos hacer titular a la administración de ciertos derechos reales limitados, sobre las propiedades que necesitan estar en terreno publico (aquí el coche está claro que es el paradigma perfecto) velar por el interés general , como es retirar un coche abandonado, tal y como describes, se daría la paradoja que protejemos la propiedad privada, ya que esta se define por la total libertad a disponer del bien en propiedad, pues justamente disponemos que la administracion, municipal en este caso, pueda accionar ese otro derecho que hemos cedido , que no deja de ser un derecho limitado ,pues el propietario a la vez proteje la propiedad de la sociedad, la calle, siguiendo las normas que el propietario decide rijan su propiedad. Todo este galimatias no viene mas a decir que podemos inventar mil teorías pero de una formacasuistica , individualizada dejando de lado grandes pensamientos ni planteamientos, y limitando y controlando la potestad de decicidir que es interes general, el problema no es tan relevante.
Bensoussan: Acusar a los ayuntamientos de gangster es lo fácil, seguro que podemos mejorar el argumento.
enriquev:
Es imposible legislar para cada una de las circunstancias, situaciones y aspectos que se va a encontrar en conflicto la propiedad privada con el interés general. Definir que la vía pública es propiedad privada del ayuntamiento o la administración de turno creo que es un error.. El ayuntamiento no puede disponer de la vía pública para su uso “privado” (que se yo, para aparcar todos los regidores y funcionarios), ya que si hay un abuso de la administración en una vía pública siempre hay tribunales, o administraciones de mayor calado que controlan esa actuación. Por ejemplo, el ayuntamiento no puede transformar un parque y venderlo como zona urbanizable si a cambio no transforma los mismos metros cuadrados que se pierden de verde en otro lugar de la ciudad. Tiene un control, unas reglas y un poder judicial y una legislación qeu también limita el uso de lo que hace con su patrimonio, a diferencia de lo que es la propiedad privada que también teniendo limitaciones no está sometida a tanto control.
Es evidente que todos y cada uno de los partidos políticos con poder se ha financiado con comisiones ilegales procedentes de las recalificaciones. Se ha formado una mafia que controla la edificabilidad de los terrenos. Los partidos están tan pringaos que se protegen entre ellos. He sido testigo de presiones políticas de un partido de la derecha para tapar un escándalo que salpicaba a un partido de izquierdas. Es fácil acusarles porque es evidente. Mira los créditos que se perdonan, la carrera de Zaplana, las donaciones anónimas de CiU, el tamayazo, los renovadores por la pasta, Coslada, operación Guateque, Marbella…
Allí donde das poder discrecional a los políticos encontrarás corrupción. El “interés general” está admistrado por gagsters.
Jose R. :
Estoy totalmente deacuerdo contigo amigo Jose, mi comentario no intenta retratar una realidad, sino tal y como defino al final se trata de una teoria (descabellada, galimatias) sobre la propiedad privada y el interes general en el ambito municipal. Se trataba justamente de que vieras que tu comentario (que como digo es correcto) mas real que l asituacion que expreso, pero que es una teoria, una mas de las miles que pueden darse, es por ello que es un debate esteril si se afronta de una forma generalista. Por supuesto el derecho nunca podra legislar de forma tan meticulosa, es mas , creo que somos legion, creo , las personas qu etenemos que ver con el mundo del derecho que creemos que no es malo las normas con cierto caracter generalista, pues asi siempre podremos, por analogia, dentro de los tipos permitidos legalmente, resolver casi cualquier nuevo caso .
En cuanto a de los “gansters”, está claro que se roba donde hay dinero, en ayuntamientos y otrso centros de poder si hay un ladron robara, pero nopor ello todos los que estan deben de ser ladrones. Es como afirmar que alguien roba en una oficina bancaria , quiere decir que todos los que entramo sen esa oficina seremos ladrones porque ahi es donde se roba. Como digo se roba donde hay, pero no hay colectivos con un “gen” de predisposicion al delito del robo. Comprendo aunque no comparta , que a veces los sentimientos al ver claras situaciones injustas nos hace tener una opinion destructiva , pero creo señor Bensoussan que la presuncion de inocencia , hasta para los politicos. Eso si , la justicia igual para todos, otro tema que usted me detalle casos concretos en esa justicia estaba , digamos que con aspecto “extraño”, pero cuidado con las informaciones que a veces se dan de ciertoas sentencias, que a todas luces son desde un punto de vista juridico totalmente imposibles , pero segun se informe crea espectacion y por ende venta de periodicos o audiencias radiotelevisivas.
Un saludo
Enriquev:
En una oficina bancaria las normas están claras. La propiedad está establecida y las leyes son inmutables. Si alguien mete mano en la caja o saca la pistola, el crimen es evidente.
En la ordenación urbana municipal la ley queda a la voluntad del alcalde o del concejal de urbanismo. La línea del plan general pasa por donde ellos quieren, se recalifica lo que les conviene, e incluso se expropia lo que les da la gana. Les hemos concedido un poder discrecional, que se convierte en corrupción.
Bensoussan:
Si lo que quieres es insultar arbitrariamente a toda la clase política municipal pues que paso.. y te comento que este espacio no es para poner a parir a la clase política con carácter general saltándonos la presunción de inocencia y repetir el lugar común de “todos los políticos son iguales”.
Sobre la arbitrariedad del poder urbanístico… hombre, no lo es tanto. Entre otras cosas, ya te digo lo que afirmabas es bastante irreal.. No se puede expropiar para regalárselo a un amigo, la ley urbanística no permite hacer una expropiación y luego dárselo al que mejor te caiga, más que nada porqué ha de justificarse por un interés general, hay administraciones superiores (autonómica y también europea) y hay un sistema judicial, que presuponemos que funciona lo bien que puede funcionar. Una ley urbanística no la hace el ayuntamiento, este la ha de aplicar en la ordenación de su territorio y luego es aprovada y supervisada por la administración autonómica. Sí, claro también pueden estar compinchados, claro, y medio pueblo también. Y claro que hay casos de corrupción y de abusos, pero de ahí a decir que todo ayuntamiento en todas sus actuaciones son abusivas o casi lo mismo “que en general” es así, va un trecho. Reitero, si quieres recalificar un terreno verde a edificable has de recalificar otro terreno tuyo edificable a verde… eso entre otras muchos condicionantes que marca la legislación urbanística, y los condicionamientos de los planes generales que se hacen a nivel comarcal y que se hacen desde fuera de los ayuntamientos.
Por cierto Bensoussan, también el crimen es evidente en la función pública, si no ¿cómo demonios no hubieras enchironado a los ediles que hay ahora en prisión?… ¿que hay algunos que escapan?, igual que los criminales habituales, si no hay pruebas condenatorias suficientes se escapan de la pena a pesar de que “sabemos” que han cometido el delito.