Creo que la movilidad es uno de los grandes retos de las ciudades y los estados del bienestar de este siglo; retos que suponen la gestión de problemas de la complejidad: el Túnel de Horta o la potenciación del transporte público en la Diagonal son sólo algunos ejemplos de cómo ciudades del estilo de Barcelona afronta. No sólo porqué el calentamiento global pone en cuestión nuestro sistema de propulsión favorito (quemar combustibles fósiles en un motor de combustión) que hace que la reducción de emisiones sea algo que es importante a la hora de impulsar políticas públicas o de cara a potenciar en el mercado.
Hoy en día la movilidad no se puede concebir como algo que forma parte del “urbanismo” y que cae en el mismo ámbito que el mantenimiento y construcción de alcantarillas (de esas cosas que no nos damos cuenta que están funcionando hasta que tienen un problema). No sólo hablamos de gestión o de poner dinero para “mejorar la movilidad”.
La movilidad como indicaba Antonio Linde en un artículo de hace unos años si es analizado como “un derecho social” es uno previo. Sin una buena movilidad el acceso al empleo y a la actividad económica se ve perjudicado, igual que el acceso a una buena educación o incluso el derecho a la vivienda. Si no puedes desplazarte a donde hay vivienda a un precio más asequible no podrás adquirirla, si no puedes ir a un centro de trabajo porqué está desconectado no podrás acceder a esos empleos, etc…
Además, como calculan sindicatos y patronales, los problemas de movilidad generan grandes gastos sociales y económicos. Miles de horas perdidas en calles y carreteras saturadas, en trenes estropeados y en autobuses que tardan en pasar. Los problemas graves de mobilidad pueden lastrar seriamente la actividad económica, un puerto no puede crecer en su actividad logística por carecer de una buena línea de trenes de mercancías que ayuden a distribuir los bienes que le llegan, una cadena de montaje se puede quedar paralizada porqué las piezas no llegan, una empresa de servicios irá renqueante algunas horas porqué sus trabajadores están en un atasco o el metro ha sufrido una avería grave. Tanto, que puede lastrar el crecimiento económico de forma seria.
El “derecho a una movilidad de calidad” es algo que será incluido en los derechos sociales. No sólo en las libertades individuales clásicas (derecho a moverse libremente), sinó que este derecho esté además dentro de unos márgenes al alcance de poder ejercerlo por todos.
Pero no es un “derecho inócuo” de esos que “poniendo más y más dinero” se consigue mejorar. Al final el derecho a la movilidad, al no ser absoluto, entre en conflicto con otros… en general “otros derechos a la movilidad”. Me explico, el derecho a la movilidad del que se quiere desplazar al centro de la ciudad en vehículo privado entra en conflicto con otros derechos (por ejemplo del que quiere utilizar la vía pública para pasear) y en el propio ámbito de la movilidad hay tipos de transporte que entran en conflicto: la bicicleta con el peatón y el coche, el coche con el autobús, el autobús y el coche con el tranvía y el pobre peatón con todos. Cuando se peatonaliza una calle (o se restringe el tráfico sólo a los vecinos) se limita el derecho a movilidad en transporte privado, pero se incrementa la posibilidad de movilidad como peatón. Como no todos nos queremos desplazar de la misma manera hay competencia en el uso del espacio público.
En otras ocasiones el “derecho a movilidad” entra en conflicto con otros derechos. Por ejemplo, una ronda puede introducir ruidos en la vida de los vecinos que la sufren, la construcción de un túnel de metro genera molestias a los vecinos. Y a su vez el derecho a la movilidad también se ve afectado por otras acciones: la protección de un espacio natural puede significar limitar el tráfico rodado (como ha ocurrido en numerosas zonas de montaña), la realización de una fiesta en una población puede significar cortar el tráfico en determinadas calles.
Por tanto, en la complejidad de problemas que el estado del bienestar ha de afrontar, la movilidad es posiblemente un ejemplo de estos “nuevos derechos sociales” que se han de garantizar pero que tienen una dimensión de complejidad en su gestión que va más allá de los (relativamente sencillos) derechos sociales típicos del estado del bienestar (sanidad, educación, protección social).
Ejemplos de este conflicto de intereses los hay a patadas. Por poner un ejemplo, el reciente anuncio de reducción de tráfico en el centro de la Diagonal para conseguir que esta sea un nudo de transporte público en Barcelona ha levantado ampollas entre algunos vecinos y, como no, en la oposición de Trias. En esto emerge algo que es evidente… el coche en ese espacio versus el tranvía, el autobús, la bicicleta y el peatón. Según que modelo de movilidad se quiera potenciar se defenderá una medida u otra. Yo en este caso no tengo demasiadas dudas (en espera de ver el proyecto, claro..) que el mejor modelo es el que intenta que la ciudad no termine saturada por el vehículo privado.
Otro ejemplo que para mí no es tan claro es el del llamado “Túnel de Horta”. Más allá del rechazo de una parte de los movimientos sociales que este proyecto provoca… hay una colisión entre el derecho a la movilidad de los ciudadanos del Vallés y de Barcelona (que verían mejorada su capacidad de desplazarse hacia y fuera de la ciudad en transporte público) y la protección de un espacio natural (Collserolla) y la afectación social de los vecinos de Font del Gos que deben ser realojados. La movilidad es uno de estos derechos que no es inócuo y en este caso es evidente. Es evidente que meter un túnel de transporte ferroviario, incluyendo varias salidas a la superficie, en mitad de un parque natural no es algo inócuo. Y decir lo contrario es ser un irresponsable en política: el túnel de Horta tendrá un coste ambiental… Lo que no sé decir si este será “muy alto”, “muy bajo”, “minúsculo” o si es recuperable (por ejemplo la pérdida de masa boscosa ser bastante baja y la riqueza de flora y fauna no verse muy afectada o recuperarse en zonas adyacentes). Sin conocer el proyecto que deberá ser aprobado y su impacto ambiental (y el social) no me atrevo a decir que el proyecto (y su objetivo, que es mejorar el transporte público entre Barcelona y el Vallés Occidental) pueda justificar la aún desconocida afectación ambiental. Aún a sabiendas que podría estar en desacuerdo tanto con la plataforma contra el túnel como con miembros de mi propio partido mi postura personal en este aspecto la dejo “en suspenso” hasta que se elabore el proyecto y se conozca su impacto ambiental.
Con todo esto intento explicar que el “derecho a la movilidad” es posiblemente uno de los elementos más difíciles de gestionar desde el ámbito público, donde las posturas de blanco y negro no deberían tener cabida. Y es que el sector público tiene una gran responsabilidad: desde la creación de las infrastructuras (túneles, carreteras, vías, etc..) a la propia provisión de servicios de movilidad (metro, autobuses públicos, etc…) o a la regulación del tráfico y del uso del espacio público, hasta el punto que sus decisiones tienen un enorme poder en lo que ocurre en la movilidad de las ciudades y territorios.
