Ya es archiconocida la polémica iniciada por la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a ningún inmigrante sin permiso de residencia. El argumento que intentan disfrazar de debate sobre legalidad o no, y que está muerto de partida (es el propio legislador quien le está diciendo al ayuntamiento que su interpretación es incorrecta, diga lo que diga el bufete de abogados Roca-Junyent).

Lo que para algunos es sorprendente que la medida del ayuntamiento de Vic sea tan extrañamente popular. En el blog de la revista Ma! (que es la que ha iniciado una campaña junto a UGT de Catalunya para pedir al alcalde de Vic que no limite el derecho a empadronarse) y en las llamadas del público a emisoras de radio y televisiones, existe un posicionamiento favorable a la medida.

Es curioso cómo algo que aparentemente es tan políticamente incorrecto tiene una respuesta “popular” tan grande (hasta el punto que hay un grupo en Facebook, promocionado por dos conocidos neoconservadores en la red, uno de los promotores también coincidente en las tesis del negacionismo del calentamiento global, con más de 4.000 personas que lo apoyan), consiguiendo, incluso, que CiU matice su rechazo inicial a la medida del consistorio de Vic.

Lo que más me intriga no es la intencionalidad de muchos políticos detrás de todo esto. Algunos saben que recogen votos o evintar perderlos por esta medida a pesar de que significará menos ingresos para el ayuntamiento de Vic si definitivamente la pueden implantar (menos ingresos que irán a costa de menores servicios sociales, cálculos irreales en los servicios sanitarios y educativos necesarios para la ciudad de Vic, etc… que no sólo afectarán a los inmigrantes en situación irregular sinó al conjunto de ciudadanos de Vic).

Realmente me parece más interesante (y preocupante) la actitud de una parte del público frente a la inmigración.

Aclaración, mi posicionamiento es muy parecido a la doctrina sueca de controlar la inmigración pero no atacar al inmigrante. Todos los controles de frontera que sean necesarios, pero una vez dentro no comenzar a limitar los derechos sociales básicos y facilitar la regularización de los que están trabajando (esplotados, por alguien con papeles, evidentemente) y viviendo (pagando un alquiler abusivo por parte de alguien con papeles).

Pero para mucha gente la inmigración genera algunos miedos y prejuicios, muchos surgen ahora como si la actuación del alcalde de Vic les sirviera como el abrecorchos que ha permitido hacer emerger una espuma xenófoba que estaba oculta. ¿Que factores son los que hacen de la medida del alcalde de Vic en cierta manera popular?

– Que los españoles y también los catalanes éramos xenófobos no es ninguna novedad. Nuestro acerbo cultural está lleno de expresiones despreciativas hacia el diferente, expresiones que no sólo no se han erradicado sinó que han crecido: muro, sudaca, panchito, negraca, etc… son palabras que podemos oir seguramente en muchas conversaciones, cuando por fín se levanta el velo de lo políticamente correcto y la autocensura. Como casi todas las sociedades somos xenófobos (como gran parte de los propios inmigrantes lo son).

– Estamos en un período de miedo e inseguridad. Hay crisis, todos conocemos a alguien que está en el paro y que no encuentra trabajo. Nosotros mismos nos sentimos amenazados o incluso somos desempleados. Nuestros negocios han ido a la ruina o lo están pasando mal. Esta situación hace que otros factores de conflicto con el inmigrante se agrave.

– Competimos por unos recursos sociales limitados. Los servicios sociales de segunda necesidad, como las becas comedor, las becas para libros y otros que aún no conforman parte de nuestro estado del bienestar o que son para una minoría muy marginal (ayudas a la alimentación, trabajadores sociales, etc..) y otros servicios sociales no del todo desarrollados (ayuda a la dependencia) y que por tanto aún no han adquirido la universalidad real, sufren una terrible competencia por parte de los ciudadanos. Y en general estos servicios se otorgan a los ciudadanos que peor están: ¿quienes són? pues precisamente los grupos sociales que pueden ser objetivo de odio, desprecio, miedo: inmigrantes (y sobretodo los irregulares), minorías étnicas, familias desestructuradas, personas mayores solas, etc… Que son además los que menos voz tienen. El “grueso” de la población que tiene derecho a votar y lo ejerce, que en los medios de comunicación ve reflejado el main stream de su pensamiento y sus valores sociales, son los que ven que pierden esa competencia por los recursos sociales limitados y que son precisamente los inmigrantes y los grupos marginales. Por tanto es fácil que cuaje el mensaje xenofóbico, más cuanta mayor percepción hay de que estos servicios sociales son necesarios para uno mismo (recordemos el segundo factor).

– Los que están sólo un poco mejor que los inmigrantes en situación irregular se sienten amenazados. Esta situación de competencia social, en el caso de los que están sólo un poco mejor que los inmigrantes en situación irregular son los que más amenazados se sienten. Ven que son los segundos que más necesitan las ayudas y los primeros en perderlas. Además su sentido de identidad es el que más amenazado está. Años de arraigo para ser “uno más de la comunidad” se ven directamente amenazados por los valores y formas de vida de la nueva inmigración. De ahí que los que votan a Le Pen en Francia sean hijos de los inmigrantes argelinos. La situación de crisis provoca además que esos factores de conflicto social se acrecenten: más gente es demandante de servicios sociales, menor número de puestos de trabajo por los cuales competir, etc…

– Egoismo de clase. Por último uno de los factores que en el fondo ocultan ese apoyo es el egoismo de clase. Muchas expresiones que se están dando “de fora vingueren que de casa ens tragueren”, lo del “trabajo para los nacionales”, o incluso “basta de que las ayudas se la lleven los inmigrantes” indica un interés (ilegítimo) puramente de clase. Puedo entender que alguien diga que la crisis se la coman sólo un grupo social (los parias, la escoria, el lumpen proletariat, los sin nombre, o en nuestras nuevas sociedades los inmigrantes sin papeles), y queremos que sean ellos que ya están acostumbrados a pasarlo mal que se queden la peor parte de la crisis y que sólo reciban lo que de nuestras sociedades sobra.

Esa última actitud que racionalmente es insostenible. Simplemente, la riqueza que hemos generado para poder tener recursos para atender la crisis también ha sido generada gracias a ellos, algunas veces, incluso, a costa de los inmigrantes sin papeles. Simplemente, no podemos decir que lo que nos iba muy bien: un conjunto de trabajadores que cobran muy poco, exigen nada, y que hacen las tareas menos valoradas, ahora que hay crisis nos sobran, sin que no se nos caiga la cara de verguenza o queramos vestirlo de “valores de la cultura de trabajo y de justicia social”.

Hay que recordar que el neoconservadurismo que impulsa este tipo de medidas anti-inmigrantes era el mismo que hace unos años apostaba por un crecimiento de la economía basado en este tipo de esplotaciones laborales, que defendía un estado del bienestar aún más limitado y que siempre ha defendido que las ayudas sociales no fueran universales y las ayudas fueran asistenciales. Que si su agenda se aplicara hoy tendríamos un conflicto social como la copa de un pino. Al final el lumpen proletariat si no se le dan oportunidades, si se le pisotea hasta decir basta termina encontrando formas de lucha.

Yo no quiero atizar la bandera del miedo, de eso ya se encargan los neoconservadores que ahora abogan por la anulación social de los inmigrantes sin papeles, no defiendo el derecho a empadronamiento de los inmigrantes sin papeles por el hecho de que puedan reaccionar violentamente. Sinó por el hecho de que en mi sociedad hemos apostado por una serie de derechos fundamentales: libertad de expresión, derecho a la propia vida, derecho a la educación básica y a la salud, que independientemente de la condición legal de la residencia o de nuestro estatus jurídico, son universales. El hecho de no empadronar está evitando que esos derechos fundamentales sean universales, y un sector social quede excluído de unos derechos fundamentales.

El ayuntamiento de Vic podría comenzar a moverse en ver que licencias de actividad ha concedido a empresas (pedidos por personas con papeles) que hayan contratado inmigrantes sin papeles, por evitar pagar la seguridad social, aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales, por pagar salarios de risa, y pasarlo a la autoridad laboral para que exija a esas empresas todas esas cotizaciones no pagadas. Ya que Vic quiere erigirse en autoridad policial y suplantar el papel del Cuerpo Nacional de Policía ahora que los inmigrantes sin papeles le sobran, podría haber suplantado el papel de la inspección de trabajo para evitar el fraude fiscal y laboral de bastantes empresas de su municipio que repercutiría en pingües beneficios fiscales.