España comienza a ser un lugar bastante paradójico. Hacer modificaciones del texto constitucional para responder a necesidades exógenas (como las que nos imponen desde la UE) es fácil. También el cambio de jefe de estado y el desarrollo legislativo que necesita lo podremos ventilar en pocas semanas.

Y hasta aquí todo. España tiene como mínimo 4 grandes retos de reforma institucional que no son ni la monarquía ni responder a la troika comunitaria y que languidecen completamente.

Uno es la reforma de los partidos políticos. Estos son posiblemente las instituciones más cuestionadas de toda la democracia española, y más allá de la ley de transparencia, no se quieren tocar. Por ejemplo, la exigencia de primarias por ley, algún pequeño retoque a la ley electoral, una ley de financiación de partidos (sí, se que peco de reglamentista, pero por algo hay que comenzar) o una racionalidad de los sueldos públicos de los políticos (que lleva a que haya políticos excesivamente bien pagados y otros excesivamente mal pagados).

Otro es la política autonómica, la estructura fiscal y de gasto, que genere incentivos que hagan que el político que decide sobre el gasto tenga mayor responsabilidad y decisión sobre los ingresos, y que racionalice el reparto fiscal autonómico.

El tercero, ligado al anterior de forma parcial, es afrontar el problema catalán, como solventar el dilema entre una Constitución y unos legisladores que impiden votar una consulta y una sociedad que la pide.

El cuarto, relacionado con el mercado laboral y la viabilidad del estado del bienestar y que no sabemos resolverlo. Las reformas laborales y sus ampliaciones han sido más lesivas que beneficiosas, la devaluación interna se ha terminado produciendo y aunque la negociación colectiva ha logrado salvar bastantes elementos como los propios convenios colectivos, la pérdida de plumas en el mercado laboral es tan grande que costará recuperarse. Además esa devaluación interna lleva acompañada de una pérdida de ingresos y un modelo de estado del bienestar que no sabemos hasta que punto podemos pagar con una previsión de cotizantes y de nivel de cotizaciones tan baja.

Son sólo 4 de muchos otros elementos que ahora mismo están en cuestión y que merecen ser afrontados, seguro que cualquiera de vosotros tenéis otros elementos que añadir.

La cuestión es que para salvar el status-quo más duro, la monarquía y lo que ello representa somos capaces de acelerar las reformas necesarias, o para responder a motivaciones exógenas como las que impone la troika también.

En cambio, las que demanda la propia ciudadanía o las que la propia racionalidad política y económica nos pide, vamos muy lentos.

Al final, al parecer, sólo los catalanes tenemos una esperanza de futuro en un cambio en las instituciones. Es duro, pero que de toda esta crisis sólo el problema catalán sea la motivación endógena que aún queda viva entre las que se esté cuestionando a fondo las instituciones, es bien triste, no porqué los catalanes no merezcamos el derecho a cambiar esas instituciones y a modificar nuestra relación con el estado. Sino porqué las instituciones españolas no tengan ningún escenario distinto a este de una reforma a fondo. Y eso que las necesitan.