Durante toda la previa al referéndum del 1 de octubre, los partidos y activistas unionistas nos han dado la matraca con que votar no es democracia, y al final voy a darles la razón, pero no por lo que ellos creen.

Este 21 de diciembre los catalanes hemos sido convocados a unas elecciones. Pero ¿en que condiciones?. Tenemos los líderes de las dos principales candidaturas uno preso y el otro exiliado. Los dirigentes de las dos entidades de más peso independentistas también están en prisión, además de un conseller. También otros 4 consellers siguen exiliados. El argumento de la prisión preventiva es para evitar que organicen acciones “violentas”. Argumento insostenible ya que aún tenemos que ver un solo acto de violencia en una manifestación independentista, menos aún instigado por ningún dirigente independentista.

Por otro lado los programas de la CUP, JxC y ERC se están redactando de forma que no pueda parecer que no acatamos ninguna coma del 155.

También nos hemos encontrado que está prohibido el amarillo. Se prohíben llevar pañuelos amarillos, concentraciones de personas de amarillo o los lazos amarillos. Al parecer las fuentes de color amarillo o las pancartas de libertad a los presos políticos son atentados contra la Constitución y la libre concurrencia electoral.

Ni siquiera podemos decir que el objetivo de JxC, CUP y ERC sea conseguir la independencia si no nos hacen acompañar por la coletilla “a través de cauces legales”. No es la primera vez que en España se ilegalizan ideologías políticas pacíficas, pero sí que es la más clara y evidente y de forma generalizada. Este condicionamiento va además contra la doctrina jurídica española, el TC ya dictaminó que no se pedía la adhesión ideológica o conformidad al contenido de la Constitución pero ahora el Tribunal de la Santa Inquisición parece exigirlo.

Por otro lado también es igual si el resultado del 21D da un 90% a favor de partidos favorables a la independencia de Catalunya, España nunca ofrecerá una vía de resolución pactada al conflicto, simplemente “no es legal” y punto. El principio democrático nunca prevalece y prevalece la imposición demográfica de una mayoría nacional (la española) a una minoría nacional (la catalana).

Al parecer sí que es legal recibir porrazos de la policía, los ataques fascistas en las manifestaciones unionistas y la campaña de catalanofobia desenfrenada en los medios de comunicación de ámbito estatal. Ni se quiere investigar el exceso de violencia policial o la persecución política previa al 1 de octubre, los casos de violencia fascistas son raramente investigados y promover el odio hacia la minoría nacional catalana por el momento no es delito.

Podemos incluso pensar si la misma convocatoria del 21 de diciembre con un 155 constitucionalmente más que cuestionable es siquiera legal, ya que el 155 nunca había contemplado usurpar funciones al Parlament de Catalunya o sustituirlo y mucho menos cerrarlo. Aún así los indepes vamos a presentarnos, porqué no nos dan miedo las urnas.

Ni siquiera los medios de comunicación públicos pueden hablar de “President Puigdemont”, que es el término con el que se refieren a todos los que han sido Presidents de la Generalitat. El Vicepresident Junqueras deben llamarle “señor Junqueras”, y a los consellers no se les puede considerar por su cargo.

Al final va a ser real, y no por los términos en los que hablaban los unionistas antes del 1 de octubre, que la democracia no es votar.