Esta semana pasada el ministro Gallardón nos ha colocado en cabeza de los países que anteponen una visión ética minoritaria, la de un sector minúsculo y muy ruidoso de los católicos a ultranza.

Tal vez sea casualidad pero este fin de semana en Plaza Colón junto a la desmedida bandera española que colocó Jose María Aznar para recordar a todos los madrileños y a sus visitantes que estaban en España y no en Bostwana, se ha construido una enorme cruz de una veintena de metros de alto y su equivalente en anchura. Junto a la supuesta enseña aconfesional aparece un símbolo confesional.

Sobre la ley del aborto no entraré en detalles, hay toneladas escrito sobre ello, solamente voy a hacer dos incisos.

Desde una perspectiva de como se construye una democracia liberal occidental, las creencias religiosas no pueden ser el baremo con el que imponer una moralidad (y una legislación basada en ello). Rawls debe estar retorciéndose en su tumba al ver como los falsos liberales españoles (aunque Gallardón o Aguirre son más bien conservadores lamecirios) fabrican leyes basadas en premisas morales religiosas.

La ley de plazos anterior, la de Zapatero, es la que más se aproxima a un sentido de justicia rawliana, liberal o republicana, y es la que es vigente en muchos países de la Unión Europea y de lo que se considera occidente. La ley de Gallardón es la que nos acerca a las legislaciones más carcas, en Europa sólo países como Polonia o Irlanda, ejemplos negativos de libertades cívicas y de limitación de los derechos sexuales y reproductivos de todos los que no sean hombres heterosexuales (con dinero).

La legislación nos aproxima a las muy respetables por sus ciudadanos pero no por su tradición de libertades sexuales y de respeto a las mujeres, sociedades latinoamericanas más católicas.

Pueden haber leyes más restrictivas y más progresistas. A mediados del siglo XIX en adelante nació el puritanismo, desde ese repunte conservador hasta finales del siglo XX las sociedades occidentales han visto como se han vuelto más abiertas y tolerantes en los derechos civiles, sexuales y reproductivos. Siempre han existido fuerzas conservadoras y repuntes, en algunos casos apoyados a fuerza de golpes de estado, y apoyados mayoritariamente por un sector de las diversas iglesias cristianas en occidente.

Como indico, desde una perspectiva liberal, no se me ocurre como construir una sociedad justa mejor que la forma que plantea el filósofo John Rawls. En occidente las leyes de plazos son el pacto social que se adquiere entre quienes creemos que el feto no tiene cualidad humana hasta su nacimiento o que los derechos de la madre han de prevalecer siempre a los del feto, y los que consideran que el no nacido tiene cualidades humanas y derechos antes, incluso en momentos en que no es más que un agregado de células.

Plantearlo de otra manera es afrontar la legislación desde el punto de vista de absolutos morales, algo que sólo puede existir en una visión religiosa que se intenta imponer en el espacio público. Que lo intenten los indigentes morales de “hazte oír” y los movimientos ultracatólicos provida puedo entenderlo. Que un señor ministro decida que antepone la visión de un millón de ciudadanos al resto, sólo tiene una explicación. El gobierno, o una parte de este gobierno, responde a una visión nacional católica, no a una visión de una derecha democrática.

Gallardón antepone la salud de las madres (y en muchos casos de los fetos), la felicidad de las familias, la libertad de las mujeres y la capacidad de las parejas de superar errores, para satisfacer un deseo de una minoría sociológica, que además, esta, también aborta (aunque el proceso psicológico que les lleva a creer que en su “caso es diferente” es más que curioso).

Volvemos al nacional catolicismo…

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Nombre del artículo

Vuelta del nacional catolicismo a las legislaciones reproductivas

Descripción

La reciente ley del aborto española, impulsada por el ministro Gallardón (PP) nos retrotrae a formas de construir consensos sociales previos a la democracia. La imposición de una visión moral minoritaria de un sector ultracatólico al conjunto de ciudadanos es una imposición que sólo se entiende si el legislador abandona los principios que construyen los valores morales en las democracias liberales occidentales y abraza el nacional catolicismo.

Autor

Jose A. Rodríguez