Hay una falsa dicotomía que desde algunas posturas unionistas se intentan crear. Esta es la de anteponer derechos sociales contra los nacionales. La construcción del argumentos se basa en que quien dedica esfuerzos a la construcción nacional no los dedica a la construcción social, y viceversa.

Es decir, que si crees que la lucha contra la pobreza, por una sanidad pública de calidad o por una educación digna es tu prioridad dejas a un lado la construcción de instituciones de estado y la promoción de un estado catalán, y a la inversa.

La postura que se intenta crear es que los independentistas no pueden defender derechos sociales, mientras que quienes no lo son, son los verdaderos defensores de la gente.

Esta dicotomía es falsa tanto en la concepción como en la praxis. Políticamente puedes trabajar en varios frentes. Los partidos políticos lo hacen a diario, las entidades sociales también y también los ciudadanos. ¿O acaso la defensa de instituciones más democráticas es incompatible con luchar por un modelo más social de la economía? ¿La lucha contra el cambio climático es incompatible con la defensa de la educación pública? ¿la lucha contra la corrupción impide luchar por una sanidad de calidad?.

En la práctica las entidades sociales catalanas (que van desde las asociaciones de vecinos a las entidades de ayuda social pasando por los sindicatos) participan del Pacte Nacional del Dret a Decidir y participarán en el tramo 57 y 58 de la V de la Vía Catalana. Creo bastante osado que alguien intente enmendarle la plana a cientos de entidades que se dedican en la primera línea a defender a las personas que peor lo están pasando. Siempre hay el Quim Coll de turno, que desde la cómoda postura de un funcionario dedocrático y con la espalda cubierta, cuyo historial de activismo social se reduce a ser un correveidile de un sector de un partido político, se dedica a decirle a los demás como han de trabajar por las personas que están pasándolo mal, pero esa osadía creo que está al alcance de pocos.

Pero quiero entrar más a fondo. No solo es compatible la agenda independentista con defender los derechos sociales, para algunos es la misma vía.

Por ejemplo, un reparto injusto de rentas a nivel territorial se termina reflejando en un reparto injusto de servicios entre personas pobres. Quien más sufre el expolio fiscal catalán no son los ciudadanos de rentas más altas, sino los de rentas más bajas. La defensa del estado del bienestar en Catalunya pasa inevitablemente por una defensa de un modelo fiscal distinto. Aquí la agenda independentista es coincidente con la más social de las agendas “federalistas”.

Pero vayamos más allá, un modelo de financiación autonómica como el español genera tan malos incentivos que querer mejorarlo ayudaría no solo a los pobres de Catalunya sino del resto del estado. Si tu administración es más eficiente en el gasto y responde mejor a los incentivos, será más productiva y a la larga tus servicios sociales, mejores. Eso lo afirman incluso personas claramente unionistas.

Independientemente de esto. La reforma de las instituciones catalanas y españolas es esencial para tener un modelo de estado del bienestar más desarrollado. El modelo de las instituciones españolas y catalanas del 78 está agotado en más de un sentido, se generan incentivos para la concentración de poder, para el bloqueo institucional, para una calidad democrática relativamente baja (en comparación con otros países de nuestro entorno), etc.. Para cambiar las instituciones hay dos vías, la “federalista” que ha mostrado su agotamiento en las cortes españolas, en la que la actual mayoría y las mayorías futuras previsibles impide cualquier reforma a fondo al necesitar los 2/3 de las dos cámaras, y la soberanista que como mínimo cuenta con el apoyo social y político.

La primera carece de la voluntad política y de la mayoría social, la segunda la tiene ambas pero carece de la fuerza institucional, pero esta última no puede sostenerse de forma indefinida sin terminar cediendo.

El cambio de instituciones que fuerza el soberanismo catalán es actualmente la oportunidad con más fuerza para transformar las instituciones y parecernos algo más a Dinamarca. En esto los independentistas podemos decir que trabajamos en lo social, tanto o más que otras posturas políticas.

No me atrevería a afirmar que sólo la agenda independentista es la que tiene propuestas profundas de lucha social, no creo en la exclusividad o en el monopolio de las agendas, pero al igual que yo creo que mi agenda es más acertada para luchar por los derechos sociales (y no solo en Catalunya, una hipotética independencia catalana forzaría a cambiar las instituciones españolas), no creo en la exclusividad. Estoy convencido que los unionistas de todas las ideologías (federalistas y autonomistas) también creen que su agenda sirve para la lucha social. Lo único que pido es que no intenten hacernos creer que ellos tienen el monopolio y la exclusividad.